A juicio de la CIG, esta medida implicó que las bases de Inspección Pesquera quedaran inoperativas en lo que se refiere al sector marítimo y, por ello, volvió a aparecer "con más fuerza que nunca" el furtivismo en las costas gallegas.
El sindicato aseguró que la embarcación de Vilaxoán "lleva meses paralizada" en la ría de Arousa, y que la de Ribeira realiza su labor, aunque "a veces" salga "sin la tripulación mínima" y "con un patrón que no es funcionario". También señaló que en la ría de Pontevedra sale la lancha de Portonovo sin el mínimo de tripulantes y sin jefe de máquinas, circunstancia que a juicio del sindicato constituye una "grave irregularidad".
Asimismo indicó que en las bases de A Coruña, Muxía, Celeiro y Vigo las embarcaciones permanecen amarradas desde octubre de 2006, de forma que los profesionales del mar realizan labores de tierra, en las oficinas y patrullando con coches, que no requieren una titulación náutica.
En esta línea condenó que Pesca haya contratado por más de seis millones de euros a una empresa privada para mover las embarcaciones más grandes, de 30 metros de eslora, que deberían estar dedicadas a labores de salvamento, según consideró, en las rías de Ferrol, A Coruña y Arousa.