La Xunta llegará "hasta el final" en la investigación por fraude del mejillón

Lunes, 21 Marzo, 2011

La Consellería del Mar está recabando información sobre la denuncia del Consejo Regulador del Mejillón de Galicia por un "fraude al consumidor" de una firma conservera que presuntamente vendió mejillón chileno con etiqueta gallega, y se ha comprometido a "llegar hasta el final" en este caso.

Por el momento, ya ha trasladado esta denuncia al Instituto Gallego de Consumo por dicho "fraude al consumidor", después de que el pasado 28 de febrero el Consejo Regulador de la denominación de origen de Mejillón de Galicia anunciara la presentación de una querella contra la firma Conservera de Rianxo por fraude.

Así lo indicó el director general de Competitividad e Innovación Tecnológica de la Consellería del Mar, Juan Carlos Maneiro, quien expuso en la comisión parlamentaria de Pesca la voluntad de investigar del departamento autonómico "ahí y donde sea", tras ser preguntado por el BNG sobre la producción gallega de mejillón y la introducción de mejillón importado, sobre todo de Chile.

Maneiro argumentó, no obstante, que la incidencia de la importación es "poca" en cuanto al mejillón que se está enlatando, pues representa 72 toneladas de congelado en 2010 procedente de Chile.

Tras indicar que no es posible constatar "con precisión" los efectos de la importación, el responsable de Pesca se mostró partidario de desviar la producción a fresco porque es ahí donde Galicia podría competir "con ventaja", tanto por el tamaño como por la cantidad de carne del mejillón, de mayor calidad.

Asimismo, trasladó la opinión de la Consellería de que el sector no atraviesa su "mejor momento" y dijo que la producción del mejillón "a día de hoy" se caracteriza por una "poco habitual falta de producto", a causa de que la industria se ve obligada a desarrollar su trabajo de forma intermitente debido, entre otros motivos, a la "falta de abastecimiento".

Achacó esta situación a la "falta de organización" por una atomización del sector, y reconoció que existen "atrasos notables para el cobro de las ventas" que llegan a alcanzar el año.

La comisión de Pesca abordó además otra pregunta del BNG sobre el canon por renovación de la concesión de bateas, que responde, según el diputado Bieito Lobeira, a la "voracidad recaudatoria" de la Xunta, ante lo que el director general de Tributos de la Consellería de Hacienda, Carlos Rodríguez, explicó que ni se trata de un canon ni de una tasa, sino de un impuesto estatal.

El objetivo es impulsar medidas que mejoren la lucha contra el fraude y logren mayor recaudación sin aumentar la presión fiscal, sostuvo Rodríguez, quien añadió que "no es razonable que la Administración autonómica haga la vista gorda" en las autoliquidaciones de los contribuyentes sino que ha de controlarlas.

Al hilo de ello, abogó por elaborar un estudio sobre el valor de una concesión a 10 años "objetivo y justo", pues no se puede dar una cifra única pero sí un intervalo entre 3.000 y 8.000 euros.

La existencia de denuncias presentadas en la Consellería del Mar sobre posibles irregularidades en la gestión de fondos a las cofradías para paliar los daños del Prestige fue otra de las cuestiones planteadas en comisión por el PSdeG, a la que respondió el secretario general del departamento autonómico, Francisco José Vidal-Pardo, con un "no tengo ni idea de lo que está hablando".

El responsable de Mar dijo no tener constancia de ninguna denuncia ni de ninguna noticia de la Fiscalía o de un juzgado, por lo que "no podemos contar lo que no sabemos", insistió.

La diputada socialista Marisol Soneira no ocultó su sorpresa por estas declaraciones y se preguntó si el secretario general de Mar no trataría de "engañarnos a todos" por no responder, pues "si no hay nada la señora conselleira y usted deberían denunciar a esta persona por calumnias" o "presentar la dimisión porque quien calla, otorga".

Vidal-Pardo también respondió a otra pregunta del BNG sobre el supuesto uso irregular de vehículos oficiales por personal de la Consellería de Mar, ante lo que el secretario general aseguró no tener conocimiento de un eventual uso irregular, si bien agregó que se investigará un caso en la unidad de guardacostas de Ribeira.