La viabilidad de las piscifactorías, en riesgo tras un aluvión de robos

Lunes, 4 Julio, 2011

Los empresarios acuícolas onubenses calculan haber perdido desde el último trimestre del año pasado más de un millón de euros debido a los continuados robos de pescado que "auténticas bandas organizadas" están perpetrando "a gran escala" en sus instalaciones casi a diario desde hace unos tres años, y que han sido estimadas en una cantidad de 100 toneladas de las dos especies que se producen en los esteros de la provincia de Huelva: lubina y dorada.

Pérdidas, que según denunció ante este diario la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina (Asema), suponen aproximadamente el 10% de la producción total para las 15 empresas de este tipo que operan en la provincia, sobre todo en las localidades de Ayamonte, Isla Cristina, Cartaya, y en menor medida Punta Umbría, y que están poniendo en jaque su viabilidad económica y su continuidad, con las consecuencias negativas que esto tendría para las alrededor de 750 familias onubenses que directa e indirectamente dependen de una actividad que en Huelva alcanzó el año pasado una producción de 1.300 toneladas de pescado, generando un volumen de negocio de unos 8 millones de euros.

El coordinador técnico de Asema, Alfonso Macías, indicó a Huelva Información que las pérdidas no sólo se derivan del pescado que sustraen estas bandas de los esteros, entre el que figuran ejemplares de gran tamaño y talla comercial e incluso reproductores, sino también de aquellos otros muchos que mueren en los trasmallos usados por los asaltadores para extraerlos de las balsas y que no se llevan, del elevado número de animales que mueren a los pocos días de producirse el robo por el estrés que se les causa y la contaminación del agua por los ejemplares muertos y abandonados, y finalmente, de los destrozos que los autores de los robos ocasionan en las instalaciones con la rotura de alambradas, vallas, puertas, cámaras de seguridad y, en ocasiones, vehículos de las empresas, los cuales inutilizan para evitar ser perseguidos.

Además, según Macías, el problema también está provocando una merma en la rentabilidad de estas explotaciones ya que hay empresarios que se están viendo obligados a contratar a numerosos vigilantes nocturnos para intentar evitar, o por lo menos reducir, el número de robos.

Robos que, según Asema, se iniciaron realmente a principios de los años 80, coincidiendo con la profesionalización de la actividad acuícola, pero que se han ido agravando con el paso de los años, existiendo en estos momentos varias bandas organizadas dedicadas a robar pescado de estero de forma itinerante por todas las explotaciones existentes en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, y que debido a la crisis económica se ha intensificado y agravado desde el último trimestre de 2010.

En este sentido, subrayó Macías, hasta la fecha han sido muchas las gestiones que tanto a nivel particular como a través de Asema (que agrupa al 95% de la producción andaluza) se han realizado tanto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como con las distintas administraciones, siendo por el momento los resultados "prácticamente inexistentes y, cuando de forma puntual se ha aumentado la vigilancia en algunas zonas, las bandas se trasladan a otras hasta que la presión policial disminuye".

Para el coordinador técnico de Asema el problema "es mucho más grave de lo que pensamos", ya que el "nivel de profesionalidad" de las bandas y las "elevadas cantidades" de pescado que sustraen semanalmente "nos hace pensar que asociadas a éstas existen redes o puntos de receptación de la mercancía sustraída, y hasta incluso que los robos se producen por encargo, habiendo intermediarios que demandan la mercancía". Este hecho, que según Macías podría quedarse en una mera sospecha, "se constata cuando nuestros clientes habituales rechazan comprar producto por estar abastecidos".

La situación, según Macías, también está provocando un "verdadero problema de seguridad alimentaria", puesto que el pescado robado es introducido de forma ilegal a través de estas redes en los circuitos comerciales "sin pasar los obligatorios controles sanitarios". Es por ello por lo que Macías acusó tanto a los autores de los robos como a los intermediarios de "delito contra la salud pública y fraude".

De otra parte, para Macías los hechos son tan graves que además de poner en peligro la actividad económica que sustenta a estas empresas onubenses, "también tenemos documentados asaltos a explotaciones en los que se ha atentado contra los vehículos y se ha intentado acceder al interior de las oficinas y almacenes, con lo que debemos empezar a hablar de verdadero peligro para la integridad física de sus trabajadores".

Y es que "entran en las piscifactorías amparados por la oscuridad de la noche en coches o en pequeñas embarcaciones, conocen el terreno a la perfección, vienen equipados con trajes de neopreno, envenenan a los perros de vigilancia, y hasta en ocasiones usan grandes plásticos para borrar sus propias huellas". Ante esto, los guardas nocturnos poco pueden hacer excepto llamar a la Guardia Civil, "que en esta zona tiene como prioridad la lucha contra el tráfico de drogas".

Por todo ello, además de exigir a las administraciones competentes una mayor vigilancia en las zonas productoras, desde Asema se piensa que lo más eficaz para acabar con el problema es efectuar controles adecuados en los puntos de venta, ya que "al no poder dar salida al producto, no lo robarían".

Desde 2010 "venimos solicitando un encuentro con el delegado del Gobierno en Andalucía para buscar soluciones, pero todavía no hemos sido atendidos", aseveró. No obstante, este año, ante la "agudización" del problema y de la mano de la Consejería de Agricultura y Pesca, "hemos conseguido" la inclusión de las explotaciones acuícolas en el dispositivo de vigilancia del Ministerio del Interior para evitar robos en instalaciones agrícolas y ganaderas, aunque hasta la fecha "los resultados no se han dejado notar porque los robos siguen".

Todo esto ha motivado que los acuicultores andaluces decidieran la pasada semana comunicar a las autoridades "que estamos ante una situación límite y que, si no se toman las oportunas medidas para controlar la venta ilegal y los robos en nuestras explotaciones no cesan, irán cerrando progresivamente las empresas".