José Miguel Corvinos: España apoya la prohibición de descartes con un calendario progresivo y mecanismos de flexibilidad

Lunes, 27 Abril, 2015

El director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura, José Miguel Corvinos, ha asegurado que "España, de la misma manera que ha apoyado la prohibición de descartes, ha defendido con intensidad la adopción de un calendario progresivo, así como de mecanismos de flexibilidad que contribuirán a amortiguar el impacto de esta medida".

José Miguel Corvinos hacía estas manifestaciones en una jornada sobre descartes, celebrada ayer en Marín (Pontevedra), en la que aseguró que "uno de los mayores retos de la nueva Política Pesquera Común (PPC) en relación con la gestión de pesquerías es el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y, por supuesto, la prohibición de descartes".

Según ha destacado, la posición de España en el debate sobre la reforma de la PPC "fue siempre activa y constructiva, en la que se compartieron y defendieron los objetivos de sostenibilidad social, económica y biológica a largo plazo de las propuestas comunitarias".

Así, Corvinos ha apuntado que España comparte la necesidad de adoptar medidas para reducir los niveles actuales de capturas no deseadas y eliminar gradualmente los descartes.

CALENDARIO PROGRESIVO

Corvinos ha explicado que la complejidad de la aplicación de la obligación de desembarque ha llevado a establecer un calendario progresivo de implantación, comenzando en 2015 con las especies de peces pelágicos, en 2016 con la merluza y terminando en 2019 con las especies demersales.

Además, para suavizar el impacto de esta obligación, se han adoptado medidas de flexibilidad, como una exención (minimis) a la obligación de desembarcar todas las capturas, lo que permitirá poder descartar desde un 7% los dos primeros años en vigor de la medida a un 6% en el tercero y cuarto, y un 5% a partir del quinto; una flexibilidad entre especies; y una flexibilidad interanual, que permitirá a los Estados miembros transferir para el año siguiente hasta un 10% de las cuotas que no se hayan utilizado.

Para hacer uso de estos mecanismos de flexibilidad, el director general considera necesario que los Estados miembros presenten los correspondientes planes de descartes, que se basan en la identificación de las pesquerías y las propuestas de mecanismos de flexibilidad para estas pesquerías. En la actualidad, España está participando en el grupo regional de aguas noroccidentales, presidido por Irlanda, y en el grupo de suroccidentales, que preside España.

De esta forma, Corvinos ha apuntado que, en 2016, para la flota española sólo existirá la obligación de desembarcar merluza en aquellas pesquerías dirigidas a esta especie y en base a los datos que maneja la Secretaría General de Pesca. Para el director general, "esta obligación no va a suponer un grave quebranto para los artes fijos que realizan un pequeño descarte". Tampoco se prevén grandes problemas en los censos de arrastre afectados, ya que sólo deberán retener la merluza, especie de la que no se realizan grandes descartes.

Asimismo, Corvinos ha comentado que para 2019, cuando se aplique la obligación de desembarque para todas las especies, podrían plantearse problemas en las capturas de especies como el jurel o la bacaladilla. Para evitar su impacto, Corvinos ha animado a "comenzar a actuar ya para planificar la mejor manera de conjugar una actividad pesquera rentable con el respeto a la normativa vigente".

En este sentido, el director general ha afirmado que ya se han iniciado los contactos con el Instituto Español de Oceanografía para planificar un plan de acción para la aplicación de esta medida. También ha indicado que "es necesario que todos nos impliquemos en la adopción de medidas que nos lleven a aplicar con éxito esta obligación".

Para ello, Corvinos ha ofrecido la colaboración del Ministerio para trabajar juntos, "y llegar a 2019 con un plan de acción claro que suponga un éxito para todos".

En definitiva, Corvinos considera que estamos "ante un reto histórico respecto a la gestión pesquera, que supondrá una nueva manera de pescar que debemos plasmar en una normativa lo más comprensible posible y que no resulte difícil de aplicar". Este desafío, ha añadido, "es una excelente oportunidad para mejorar nuestras pesquerías, y hacerlas más sostenibles y rentables".