El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha decidido prohibir a la sociedades de pescadores repoblar sus cotos con truchas no autóctonas, para no incurrir en un presunto delito contra la protección de la fauna derivado de la introducción en el medio de especies no propias.
Así lo aseguraron a Efe fuentes del Ejecutivo autónomo, tras conocer el contenido de un decreto del fiscal jefe de Teruel, Jesús Gargallo, en el que advierte que en la liberación de especies no autóctonas concurren elementos delictivos tipificados en el Código Penal por daños a la fauna local.
El contenido del informe ha llevado a los responsables del Departamento de Medio Ambiente a incluir en la orden de pesca de este año, que se publicará el jueves próximo, una prohibición expresa a las sociedades de pescadores para repoblar con truchas alóctonas, especialmente la denominada "arco iris".
Las fuentes explicaron que aunque la administración regional está posicionada a favor de los pescadores, la advertencia de la fiscalía respecto a la comisión de un posible delito ha motivado la decisión.
Añadieron que desde que llegó el informe al Departamento aragonés de Medio Ambiente, a mediados del pasado mes de enero, se han estudiado medidas para hacer frente a esta situación mediante gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino y otros ámbitos administrativos y asociativos.
Aunque se está "del lado del pescador", la obligación de cumplir con la legalidad vigente ha motivado la decisión de prohibir la repoblación con especies no autóctonas en todos los cotos de pesca aragoneses.
El decreto del fiscal jefe de Teruel acuerda el archivo de una denuncia presentada por la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónicos (AEMS-Ríos con Vida), con sede en El Tiemblo (Ávila), relativa a la comisión de presuntos delitos contra la fauna y de prevaricación en la liberación de especies acuícolas consideradas nocivas e invasoras.
El fiscal explica que aunque no ha habido intencionalidad de incumplir la ley en estas repoblaciones, autorizadas por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), el informe pericial aportado por un técnico ministerial advierte que las medidas adoptadas para frenar el riesgo biológico pueden no ser suficientes.