El Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española (PEAE) tiene como objetivo que la acuicultura se desarrolle como un sector competitivo y crezca en los próximos años, materializando los esfuerzos realizados durante muchos años en investigación. Es necesario aumentar sustancialmente las producciones actuales para disminuir la extraordinaria dependencia de las importaciones de pescado y abastecer las necesidades, generando la riqueza y los puestos de trabajo que la sociedad española demanda, dentro del mayor respeto medioambiental.
Pero APROMAR recuerda que la redacción de este imprescindible plan es consecuencia de la aplicación a regañadientes de la Política Pesquera Común de la Unión Europea por parte las administraciones públicas españolas en lo que respecta a sus obligaciones dentro del nuevo paradigma europeo del método abierto de coordinación entre Estados Miembros. Las administraciones públicas españolas ya debieron impulsar un plan estratégico, motu proprio, hace lustros y no lo hicieron. Esta motivación indirecta está marcando el escaso interés que desde las autoridades que ejercen las competencias de la acuicultura en España se le otorgue a la aplicación efectiva del Plan Estratégico.
Este particular escenario no es óbice para reconocer que el documento producido tiene un contenido y estructura correctos. Es probable incluso que este plan sea uno de los mejores que los diversos Estados Miembros presenten ante la Comisión Europea dentro de ese método abierto de coordinación. APROMAR felicita a la Fundación OESA por el trabajo que ha desarrollado en la redacción del mismo y en la compleja integración de las diversas y deslavazadas propuestas de las Comunidades Autónomas. Pero la preocupación de APROMAR radica en cómo hacer que el Plan Estratégico llegue a ser efectivo.
Este Plan Estratégico llega en un momento crítico para la acuicultura española, que atraviesa un momento de incertidumbre por su futuro, con un bloqueo normativo prácticamente total en su desarrollo y crecientes dificultades con las administraciones públicas. La situación de bloqueo por parte de las administraciones es tal que, habiendo en estos momentos empresarios dispuestos a invertir cantidades importantes de dinero en España en acuicultura, y contando con recursos propios muy amplios para lanzar sus negocios, no están pudiendo materializarlos porque se les ponen todo tipo de pegas normativas y dificultades para establecerse.
APROMAR estimamos que la ineficacia de las administraciones públicas españolas competentes en acuicultura ha frustrado en los últimos 10 años inversiones en acuicultura marina productiva por valor de 600 millones de euros, impidiendo la creación de 1.700 empleos directos de alta calidad y de otros 2.500 empleos indirectos. Además del desaprovechamiento del fondos europeos del FEP por valor de 120 millones de euros. Con todo ello, la capacidad instalada de producción de la acuicultura marina en España podría haber sido hoy un 50% mayor que la existente.
En su día, APROMAR pensó que la crisis económica general de España que se inició en 2008, con fortísimo desempleo, podría haber servido de acicate para vencer la parálisis administrativa para con esta actividad y salir del laberinto administrativo. Pero la crisis se agudizó, está siendo profunda y larga, y sin embargo no ha propiciado el deseado cambio hacia el desbloqueo administrativo hacia la creación de empleo y riqueza en acuicultura.
En estos momentos APROMAR tiene meridianamente claro que las administraciones públicas competentes en acuicultura, incluida la Dirección General de Costas del MAGRAMA, solas no se van a atrever ni van a saber resolver la situación. Porque en el fondo subyace en la sociedad un problema mucho más grave y que les supera, por estructural y sistémico: la deriva sociológica hacia una modernidad mal entendida, en la que el pensamiento necio de unos y la predisposición complaciente de la mayoría han sumido a este país en la última década y media en un pozo de difícil salida.
La situación de paralización de la acuicultura desde las administraciones públicas tiene múltiples causas y responsables, pero hunde sus raíces en dos factores subyacentes de los que penden todos los demás.
Primero, la promulgación desde la progresía gobernante (progresía entendida desde una perspectiva social, que no solo política), sobre todo aunque no exclusivamente, de un tupido tejido normativo híper ambientalista, que proliferó en el Estado y en muchas Comunidades Autónomas a finales de los años 90 y primera década del 2000, al pairo de una falsa sensación de explosión económica que se acabó estrellando en 2008. Hoy, esta maraña espesa y opresiva asfixia a la acuicultura y otros sectores, y hace muy difícil cualquier emprendimiento que requiera un mínimo de intervención, no solo sobre el medio natural sino, incluso, en el centro de las ciudades. Ejemplos de ello son las sucesivas interpretaciones maximalistas de la Directiva europea Hábitats (que la propia Comisión Europea ha cuestionado), de la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 o la Ley española de la Biodiversidad y su traslación, mimética o sublimada, en muchas Comunidades Autónomas.
Y segundo, destaca como causa de la funesta paralización del desarrollo de la acuicultura la gestión autonómica del sector. Analizado con la perspectiva del tiempo, se llega a la conclusión de que la expectativa de un crecimiento potente de este sector se empezó a frustrar el mismo día en que se decidió transferir constitucionalmente las competencias en acuicultura a las Comunidades Autónomas, trasladando con ello la toma de las decisiones fundamentales a un centro de poder muy próximo a los núcleos en los que puede surgir la oposición a su desarrollo. En otras palabras, el efecto NIMBY ("Not in my back yard" en inglés, es decir, la negación a aceptar intervenciones que se saben necesarias pero que no se quieren próximas) es más intenso cuanto mayor es la proximidad de los que toman las decisiones al lugar donde unos pocos plantan las pancartas. Sobre todo en el caso de decisiones que dependen de mediocres políticos, muy sensibles por principio a la reacción popular, por reducida que ésta sea. Y ello sin olvidar el temor de muchos funcionarios a verse implicados en una causa penal por prevaricación, delito ambiental, etc., conscientes como son de que ese tejido regulatorio dificulta objetivamente la toma de decisiones, y es terreno abonado para que los activistas ambientales accionen en vía penal contra los tomadores de decisiones.
Este contexto, francamente difícil de manejar y más aun de derogar, está siendo letal para un sector naciente y geográficamente disperso como es la acuicultura española. A ello se añade la incapacidad de gestión de la práctica totalidad de los gobiernos autonómicos, absoluta incapacidad en algunos casos, que tienen en sus manos la obligación de ejercer de manera fiel y eficiente las competencias para la gestión del otorgamiento de los títulos de actividad de la acuicultura, que conlleva, no debe olvidarse, la coordinación de hecho de los demás organismos con competencias concomitantes en aspectos parciales de la actividad, como la Dirección General de Costas del Estado, autoridades portuarias, Instituto Social de la Marina, Capitanías Marítimas, Ayuntamientos, Cabildos insulares o las instituciones que otorgan titulaciones profesionales como las de buceo.
A APROMAR le desasosiega el percibir muy escaso compromiso por parte de las administraciones públicas autonómicas por el futuro de la acuicultura en sus respectivos territorios. Se percibe resignación en ellas ante situaciones que consideran que sobrepasan su capacidad de acción. Las quejas de APROMAR no van dirigidas solo contra la lentitud de los trámites administrativos, sino también contra la falta de transparencia de los procesos, la poca agresividad en favor del sector que hace que ante el más mínimo obstáculo se paralice un expediente, y a que estos departamentos de la administración ven pequeños frenos en las consejerías ajenas mientras que no quieren ver el gran freno que ocurre dentro de su propia oficina.
Simultáneamente a la aprobación del Plan Estratégico de la Acuicultura Española en la reunión del 8 de julio tuvo lugar una sesión preparatoria para la elaboración del Programa Operativo español que acompañará al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que son los fondos estructurales que podrá aprovechar la acuicultura para el periodo 2014-2020. APROMAR, participante también en esa segunda parte de la reunión, se sintió muy molesta al comprobar cómo cambió la actitud de los representantes presentes de las administraciones públicas, estatal y regionales: de silencios, comentarios escuetos y caras serias al tratar sobre las obligaciones del Plan Estratégico a mayor participación, satisfacción y contribuciones al pasar a abordar las subvenciones y su reparto entre las diferentes autonomías. Esta percepción reconfirma la realidad de que a políticos y administraciones públicas les encanta sobremanera hacerse fotos repartiendo subvenciones pero que les resulta incómodo poner en orden y buen funcionamiento sus propias oficinas, por ejemplo para aplicar en sus casas el Plan Estratégico.
APROMAR es firme en que es mucho más prioritario que lleguen a buen puerto los objetivos del Plan Estratégico, como la agilización de trámites, otorgamiento de concesiones, mejor etiquetado, igualdad de oportunidades, etc., que la recepción de subvenciones. Las ayudas públicas son sin duda un buen apoyo para consolidar el sector, pero es crucial tener bien el orden de prioridades.
APROMAR se ofrece a ser positiva y constructiva, pero considera que es esencial acertar primero con el diagnóstico de la situación para poder dar con la solución. Conviene remarcar que la causa de la ineficiencia de las administraciones públicas para con la acuicultura no es la crisis económica general actual de España, como algunos aducen, sino que viene de antes. APROMAR insiste en que no se invoque esta excusa.
La primera reunión del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico tendrá lugar en San Sebastián coincidiendo con la conferencia Aquaculture Europe 2014 (14-16 septiembre). APROMAR será muy participativa en ella para asegurar el buen fin del Plan Estratégico.
APROMAR tiene muy clara la potencialidad de la acuicultura española y va a seguir empujando denodadamente para resolver los problemas por complejos que sean ya que este sector tiene mucho que decir en el futuro de España y de cada una de sus Comunidades Autónomas.