El pleno del Parlamento andaluz ha aprobado hoy, con el voto favorable del PSOE y del PP, y el voto contrario de IULV-CA, la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera, que unifica la normativa andaluza sobre esta materia y la adapta al vigente marco legislativo europeo y estatal.
El texto establece medidas para potenciar la competitividad de las producciones de la agroindustria y de la pesca, sectores que suman más de 6.800 empresas y unos 63.000 empleos en Andalucía, así como para ofrecer mayores garantías a los consumidores y reforzar los controles en todos los eslabones de la cadena alimentaria.
Además de completar el marco legislativo en el ámbito de la calidad agroalimentaria y pesquera, la nueva norma reforzará la competitividad de esta industria, mejorará la identificación del origen de los alimentos -a través de la trazabilidad- y su diferenciación a través de la denominación de origen.
La norma plantea el fomento de la calidad como estrategia prioritaria para que los productos agroalimentarios, que actualmente suponen el principal capítulo del comercio exterior andaluz, puedan seguir compitiendo en unos mercados cada vez más globalizados y exigentes.
De este modo, se regulan especialmente los requisitos de control, las distintas figuras de calidad y sus organismos gestores, la información al consumidor y las líneas de apoyo a las producciones diferenciadas, según ha explicado la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, tras la aprobación de la norma.
A grandes rasgos, la futura ley quedará formada por dos bloques principales de disposiciones: las referidas a la calidad comercial y sus sistemas de control y certificación, y aquellas otras que tienen como objetivo el fomento de la calidad diferenciada.
El primer bloque, de aseguramiento de la calidad comercial, se dirige a incrementar el valor de las producciones en el mercado con un mayor beneficio para la industria, una mayor renta para los productores y una garantía de transparencia en la información que demandan los consumidores.
Para ello, la ley fija sistemas de control que se encomiendan tanto a los operadores (productores industriales, transformadores y comercializadores) como a la Administración.
En el caso de los operadores, el sistema debe tener en cuenta la trazabilidad de los productos (identificación desde su origen hasta que llegan al consumidor); garantizar la veracidad y exactitud de las informaciones incluidas en el etiquetado y la publicidad, y disponer de mecanismos de reclamaciones y retirada de productos.
Por su parte, los controles oficiales de la Administración se centran sobre todo en la prevención y lucha contra el fraude, la verificación de las características de los alimentos y el cumplimiento de la normativa tanto de la calidad comercial como de la diferenciada.
El parlamentario de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo ha dicho que confiaba en que la norma fuera "valiente y audaz" pero que al final "ha quedado en nada", y ha añadido que la Junta ha perdido una oportunidad en ser pionera en esta ley, para evitar que las grandes multinacionales "y su corrupción" se salte los controles.
Ha lamentado que no aparezcan "mecanismos públicos" de control de los productos agroalimentarios y pesqueros, y ha agregado que se debería recoger un apoyo al comercio andaluz con ayudas económicas directamente proporcional "al número de kilómetros que recorre el producto" desde su origen hasta el consumo.
Dolores Calderón (PP), tras recordar que se trata de una ley en la que se han invertido cinco años, se le han añadido nueve borradores, y se ha cobrado dos legislaturas y tres consejeros, ha señalado que se trata de una norma "que nace distorsionada y que es poco ambiciosa" y que "carece de futuro".
La parlamentaria ha apuntado que la norma no lleva aparejado financiación alguna ni se plantean políticas de promoción, y ha añadido que el PP ve al sector "decepcionado" con las medidas de lucha contra el fraude, que quiere acabar "con tanta burocracia" y que desea que su comunidad autónoma le ayude a colocar la calidad de sus productos.
Calderón ha justificado el voto afirmativo de su grupo a la ley en que el PP es un partido "responsable" y la calidad "diferenciada debe destacarse", aunque ello no signifique apoyar unas medidas de la Consejería que, en materia agraria "ha tirado la toalla" porque se ha quedado sin discurso y su "parapeto" es Europa.