ACUICULTURA - ESPAÑA: Pescanova reclama indemnización a Xunta por el retraso en el permiso de la planta acuícola

Martes, 9 Diciembre, 2008

Insuíña planteó un recurso contencioso-administrativo reclamando una indemnización y la reparación de daños causados, a su juicio, por la Administración. La empresa argumenta la «tardanza injustificada en el otorgamiento de las autorizaciones para la ejecución del proyecto» de planta de engorde de peces, además de por la «alteración del plan sectorial de ordenación territorial de parques de tecnología alimentaria en la costa gallega». El recurso fue admitido por la sección segunda de la Sala do Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha reclamado a Pesca la remisión del expediente, trámite con el que ya ha cumplido la consellería, además de publicarlo en el Diario Oficial de Galicia . La demanda sigue ahora su trámite procesal, por lo que deberán comparecer todas las partes implicadas.

Desde la Xunta comentaron ayer, al respecto, que el centro de Touriñán estaba incluido en un plan del Gobierno anterior, que finalmente no se ejecutó. Sin embargo, se puntualizó que antes de renunciar a la construcción de la planta hubo reuniones entre la Administración y la compañía para buscar emplazamientos alternativos, aunque, finalmente, las autoridades portuguesas ofrecieron mejores condiciones, por lo que Pescanova fijó su proyecto en Mira. Insuíña, ayer, prefirió no hacer declaraciones sobre el tema.

Desde el 2003

El proyecto se presentó en Muxía en el mes de mayo del año 2003, con presencia del entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga. El Gobierno gallego anunciaba en aquella ocasión una inversión de 50 millones de euros y la construcción de una granja de 140.000 metros cuadrados sobre una parcela de más del doble de extensión. El inicio de las obras estaba previsto para ese mismo año.

Según las previsiones, Pescanova crearía 450 puestos de trabajo en la zona. La elección de Muxía, se dijo entonces, obedecía a la calidad de las aguas y al escaso impacto ambiental del proyecto y se entendía también como una medida de apoyo para reactivar la economía de la Costa da Morte tras el desastre del Prestige .

Pero las cosas no salieron como estaban previstas. La empresa no presentó la documentación dentro del plazo fijado (de lo que culpó a la Administración), pero, finalmente, fue la decisión política del bipartito la que impidió que saliese adelante. La cancelación del proyecto generó una fuerte contestación en la comarca, con manifestaciones incluidas a pie del cabo Touriñán, reclamando la puesta en marcha de la planta, por el impacto positivo que tendría en el empleo. Más tarde, en el nuevo plan sectorial ya no se contemplaba siquiera.