Los nuevos análisis de biotoxinas marinas que quiere imponer la Comisión Europea (CE) pueden aumentar en al menos un 200% los días de cierre de las bateas de mejillón y mantener clausurados durante meses e incluso años los bancos marisqueros y de vieira existentes en diferentes rías. Si esto ocurre, todos los expertos consultados coinciden en señalar que la economía de Galicia va a resultar seriamente dañada.
La razón parece tan sencilla como lógica: si bateeiros y mariscadores forman uno de los principales motores económicos de Galicia –con alrededor de 24.000 empleos directos– y ese motor se para, las consecuencias van a notarse en el conjunto de la comunidad.
Si a causa del nuevo método analítico –que por cierto, no está validado científicamente– los productores pierden ingresos, las bateas y el marisqueo dejan de ser rentables, y por tanto aumenta el paro, quizás en decenas de miles de personas.
Además, si los productores no tienen dinero, consumen menos, y lógicamente surgen daños colaterales en el comercio, la alimentación, la hostelería, la construcción, la automoción y el conjunto del tejido económico.
Igualmente, esa inactividad tiene consecuencias directas en la industria transformadora (conserveras y cocederos), empresas auxiliares o complementarias (cordelerías, fábricas de redes, astilleros y transporte) y en las compañías dedicadas a la comercialización de los productos gallegos.
La situación, creen en el sector, incluso puede perjudicar a la pesca de bajura y causar desabastecimiento en los mercados centrales, pues si las empresas de transporte no pueden trasladar a Madrid, Barcelona o Valencia las habituales cantidades de mejillón y demás moluscos bivalvos, quizás deje de resultarles rentable viajar con un puñado de toneladas de pescado.
Con todos estos antecedentes no parece extraño que los bateeiros alerten de la posibilidad de que 120.000 gallegos se vean afectados por las restricciones analíticas que van a imponerse en la Unión Europea, y que por cierto no son de aplicación a terceros países, con lo que esto implica en cuanto a aumento de las importaciones desde Chile, Perú u otra región competidora.
A modo de ejemplo de lo mucho que está en juego en Galicia, cabe citar el informe elaborado hace ya nueve años por la Escuela de Negocios Caixanova en relación con la contribución de la actividad mejillonera al desarrollo local de Galicia. En aquel documento se dejaba constancia de que la actividad mejillonera generaba alrededor de 12.000 empleos directos, tanto en batea como en depuradoras y conserveras.
Pero si a esto se añaden los demás subsectores "podemos decir que aproximadamente el 5% de la población gallega depende de la acuicultura, que crea casi 120.000 empleos directos e indirectos ahora amenazados por la UE", apostilla el propio sector bateeiro.
El estudio de Caixanova se centró también en los Concellos de Vilanova, O Grove, Boiro, Rianxo, Moaña, Cambados, A Pobra, Vilagarcía, Muros, Sanxenxo, Cangas, Vilaboa, Poio, Sada y Bueu, para concluir que la desaparición del sector mejillonero generaría el mayor desequilibrio en el medio local, por encima de la pesca, marisqueo, turismo, la conserva y la construcción.
El documento de Caixanova era igual de contundente al decir que "la salud de la actividad mejillonera es, sin lugar a dudas, la salud de la locomotora de todo un territorio (...) Si hablamos de riqueza y de valor, este estudio concluye que nos encontramos ante la primera actividad generadora de valor de su comarca".
El citado documento es uno más de los muchos argumentos que alertan del peligro que corre Galicia si se frena la actividad acuícola. El sindicalista Xan Caneda, por ejemplo, esgrime que "el mar y las actividades que de él se desprenden conforman el motor fundamental de Galicia y constituyen una herramienta básica para tratar de capear momentos de crisis como el actual, por eso debemos de ser conscientes de que si este sector falla, falla todo".
"De ahí que ahora sea el momento de estar unidos y de defendernos formando un grupo de presión junto con productores de otros países", apostillan tanto Benito González, presidente de la Federación Galega de Cofradías como Javier Blanco, presidente de la Asociación de Mexilloeiros Virxe do Rosario (Vilagarcía).
Venta clandestina, una amenaza para la salud pública
Al daño económico que el nuevo método analítico puede causar hay que añadir el riesgo sanitario, tal y como indican en sus informes las consellerías de Mar y de Sanidade. Y es que el sistema propuesto ni siquiera está validado científicamente, puede crear inseguridad y, al ser mucho más restrictivo, podría incluso favorecer un incremento de la venta clandestina, pues el productor que por la buenas no pueda comercializar su producto durante meses quizás decida hacerlo por las malas, y sin análisis de ningún tipo. Todo ello hace temer la posibilidad de que pueda llegar producto contaminado al consumidor final, algo que no sucede con el método analítico existente en Galicia desde hace décadas. "¿Y si hasta ahora funcionó perfectamente, por qué cambiarlo?", se preguntan el sector y la Administración.