Bruselas ha excluido expresamente del Fondo Europeo de Pesca (FEP) a las grandes empresas para volcarse en las pymes. Únicamente Grecia negoció una excepción para sus grandes firmas apelando al «carácter estratégico del sector transformador». Los gigantes gallegos, como Pescanova o Stolt Sea Farm en el campo de la acuicultura, y la patronal conservera (Anfaco) quieren ahora que España defienda otra excepción similar para esta región. Fracasar en el intento podría cercenar las posibilidades de desarrollar proyectos valorados en casi 1.500 millones de euros en los próximos cinco años. «Nadie invertirá en Galicia con las dificultades de financiación actuales si no hay ayudas comunitarias», sostiene el secretario general de Anfaco, Juan Vieites.
Desde Stolt Sea Farm, Pablo García tiene una visión parecida: «Será muy difícil desarrollar proyectos al margen de estas subvenciones».
Es la primera vez que la UE excluye a las grandes empresas. El antiguo Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP) facilitó inversiones de 200 millones de euros en Galicia entre 1994 y 1999 y de 1.700 millones entre los años 2000 y 2006.
Ahora las empresas gallegas han pasado a la ofensiva. La pasada semana remitieron cartas a la conselleira de Pesca en funciones, Carmen Gallego, a la ministra del Mar, Elena Espinosa, y al comisario europeo Joe Borg, reclamando una reconsideración de las ayudas FEP. En la misiva, recuerdan que la crisis ha motivado una «caída del consumo y una reducción de la actividad empresarial que han provocado una drástica reducción de la capacidad inversora de las pymes, con la consiguiente imposibilidad de absorción de los FEP».Mil millones en juego
El Fondo Europeo de Pesca (FEP) reserva 1.005 millones de euros para España hasta el año 2013. El dinero se usará para adaptar la flota comunitaria, ayudar a la acuicultura y la transformación de productos pesqueros, adoptar medidas de interés colectivo, fomentar el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y pagar asistencias técnicas a la prestación de ayudas. En concreto, a la acuicultura y la industria conservera se le asignan 344 millones de euros para la construcción, ampliación, equipamiento y modernización de instalaciones productivas. Pero las ayudas solo podrán ser solicitadas por pymes y microempresas que facturen por debajo de los 200 millones de euros. Esta restricción es especialmente dura en Galicia, donde los grandes grupos funcionan como tractores de estos sectores y arrastran el crecimiento de las industrias medianas y pequeñas.
La presión de la Xunta al Gobierno central, para que este defienda en Bruselas una excepción de las ayudas hacia las industrias más fuertes de la comunidad autónoma, será uno de los primeros caballos de batalla para el nuevo Ejecutivo gallego. Así se lo han hecho saber ya las patronales al futuro presidente autonómico, Alberto Núñez Feijoo. «Nos jugamos nuestra capacidad competitiva en un momento clave del contexto internacional», afirman los empresarios.