En una coincidencia "casi total", el sector pesquero español y gallego –acuicultura, pesca extractiva y transformación– señaló ayer la necesidad de que la Unión Europea defina un sistema de aplicación a las importaciones de terceros países de las mismas normas y exigencias sanitarias, de trazabilidad, fiscales o ambientales que rigen para los países comunitarios en la comercialización de pescado y productos pesqueros. Y ello para evitar desventajas comerciales frente a los productos de países donde "esas normas ni existen ni se aplican".
Tal fue una de las principales demandas escuchadas ayer por los dieciséis miembros del grupo de trabajo de agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Consejo Económico y Social de la UE, encargado de elaborar los dictámenes sobre el futuro de la acuicultura sostenible y la reforma de la Política Pesquera Común (PPC). El grupo de trabajo comunitario acudió a Vigo precisamente para escuchar en una jornada celebrada en el Centro Tecnolóxico do Mar los planeamientos de los productores ante los cambios que plantea la UE en su ámbito de actividad.
El sector acuícola estuvo representado por Fernando Otero y Gustavo Larraínzar, de la Asociación Empresarial de Productores sde Cultivos Marinos de España (Apromar), mientras que por el de la pesca extractiva y la transformación intervinieron José Antonio Suárez- Llanos, de la Cooperativa de Armadores de Vigo; Juan Manuel Vieites, de la patronal conservera Anfaco y Adolfo Falagán, director general de Pesca de Murcia.
Además, desde el sector acuícola se exigió "establecer un marco jurídico definido y claro para el sector, con una determinación clara de espacios en los que desarrollar la actividad y que esas ubicaciones permitan la sostenibilidad medioambiental y también la económica y social", según detalló Fernando Otero.