"Ya no hay codazos" para levantar piscifactorías en la costa gallega. Así de gráfica es la respuesta del gerente de la Asociación de Productores de Rodaballo (Aroga), Fernando Otero, a la hora de describir el panorama acuícola en Galicia. El contexto económico hace mella también en este sector y deja en el aire los proyectos de 15 plantas de cultivo de nueva creación por las que diversas firmas pujaban en 2005, cuando era López Veiga (PP) quien ordenaba los asuntos del mar y la Red Natura formaba parte de los suelos posibles.
La situación socioeconómica actual "no tiene nada que ver" con la de hace cuatro años. Las estimaciones de los productores revelan que de las 23 propuestas presentadas al Plan Galego de Acuicultura, coordinadas por Carmen Gallego, "más que proyectos nuevos, habrá solicitudes para realizar reformas". La suspensión de aquéllos que invadían la Red Natura -por orden del anterior Gobierno de la Xunta- "nos vino muy mal", precisan. "No todos saldrán adelante", señala Otero. En todo caso, confían en que "a corto plazo" puedan ponerlos en práctica. Por ello entienden que un plan de acuicultura nuevo no tiene sentido: "Lo que se puede hacer es reactivar el anterior o el nuevo con correcciones", precisan.
De los 23 proyectos sólo ha salido adelante el de una granja marina y criadero de oreja de mar a cargo de Galician Marine Aquaculture, SL., en la ría de Muros. Al margen, se recogieron seis peticiones de ampliación: dos de Stolt Sea Farm en Carnota (con 90.000 metros cuadrados previstos) y Merexo, una de Aquacría Arousa, SL en Cambados, una de Luso Hispana de Acuicultura en Valdoviño y otra de Insuiña, SL en Xove; también una modificación de la planta de Insuiña en Oia y 15 nuevas factorías, buena parte con vistas a la cría de rodaballo y lenguado.
Precisamente el cultivo de lenguado es el reto inmediato que asume la industria acuícola. Tras años de investigación, el Centro Tecnológico de Acuicultura, Stolt Sea Farm y Acuidoro han conseguido cerrar el ciclo de una especie ciertamente delicada en su producción que debería estar ya en el mercado a gran escala. La suspensión del plan acuícola del PP tuvo más consecuencias que el desvío de fondos de Pescanova hacia Portugal. La firma Stolt Sea Farm desplazó la producción de 300 toneladas anuales de lenguado prevista para Porto do Son a una planta de Francia (de Anglet salen 50 toneladas) pese a que fue Galicia la que aglutinó todo el esfuerzo investigador.
En todo caso, Pescanova no renuncia a Cabo Touriñán, donde contempla una instalación para la que preveía 3.000 toneladas de peces planos y que "habría que ajustar" en caso de salir adelante, explican desde la firma. La compañía que preside Fernández Sousa presentó un recurso contra la suspensión del plan (que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya ha fallado, declarando nulo el acuerdo de la anterior Xunta) y una reclamación ante la Administración sobre el aspecto económico. Al no obtener respuesta, presentó otro recurso ante el Tribunal Superior que aún está sin resolver y que recoge una indemnización cercana a los 38 millones de euros que ahora refuerza, dicen, la mencionada sentencia.
No obstante, existe en este escenario tan "delicado" otro elemento de relevancia a la hora de encarar el futuro: la inestabilidad jurídica. Inquietud que la Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (Aroga) trasladó ya a la Consellería do Mar. La polémica suspensión mermó las previsiones inversoras en territorio autonómico. "El que haya este tipo de movimientos para el sector no es bueno", afirman los productores. Por ello Aroga "ruega" un marco jurídico estable. La sentencia del alto tribunal galego -con fecha 20 de febrero- llega "tarde", dicen, y le otorgan ahora una "eficacia práctica relativa". La maraña de recursos que "legó" la anterior Administración, explican desde el departamento que dirige Rosa Quintana, "pone en riesgo" además una inversión de 347,6 millones de euros.
Fue el secretario general de este departamento, Francisco Vidal-Pardo, quien lanzó la advertencia. A ella sumaba el malestar ante la actitud de la anterior Xunta, al constatar que "cinco minutos antes de finalizar su jornada laboral", su último día de trabajo, el anterior responsable de la Asesoría Xurídica Xeral presentó un recurso contra la sentencia que anulaba el Plan Sectorial de Parques de Tecnoloxía que gestionó López Veiga. Y mientras estudian si dan marcha atrás a ese recurso, critican que la maniobra se llevó a cabo "a mala fe" porque "no fuimos informados en el traspaso de poderes".
Y mientras la Consellería do Mar guarda silencio ante el futuro de la acuicultura, al menos, hasta que culminen la revisión del plan actual, el sector hace sus propias cábalas. La fórmula para acceder a los terrenos genera muchas disensiones. No hay unanimidad en el sector entre el modelo de la expropiación y posterior concesión elegido por el bipartito y la más que probable receta de compra por parte de las propias empresas que el PP defendió antes y recogió también en su programa electoral. En él afirman que "nunca" recurrirán a la expropiación de particulares para construir nuevas instalaciones de piscicultura. Elección compleja para una actividad que mueve 1.500 empleos en una tierra minifundista.