El Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014 – 2020 fue aprobado por el antiguo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las Comunidades Autónomas y los representantes del sector, el 8 de julio de 2014 en el marco de las reuniones de JACUMAR y JACUCON celebradas en la Secretaría General de Pesca en Madrid y, más tarde, por la Conferencia Sectorial de Pesca en abril de 2015.
El plan, que fue elaborado por la Fundación Observatorio Español de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante el ejercicio 2013 y parte del 2014, establece las directrices y actuaciones estratégicas a poner en marcha en los próximos años para impulsar el desarrollo ordenado y sostenible de la actividad acuícola en nuestro país. Su principal objetivo es el de contribuir a la expansión y potenciación de un sector considerado como actividad estratégica y de futuro en la Unión Europea.
La necesidad de su elaboración responde a la obligatoriedad de los Estados Miembros de la UE de presentar un plan estratégico para la acuicultura, vinculado al Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, según recogió la Comisión Europea en el proceso de reforma de la Política Pesquera Común (PPC) iniciado en 2011, que marca las directrices y orientaciones de la actividad pesquera y acuícola en los países europeos desde el año 2014. Dentro de la nueva PPC, la acuicultura juega un papel destacado y, para lograr este objetivo, la Comisión Europea encomendó a los Estados Miembros una mejora en la planificación del sector.
Visión: La acuicultura española liderará en el año 2030 la acuicultura en la Unión Europea en términos productivos y tendrá un mayor peso en términos económicos, reforzando su papel dinamizador en las zonas rurales y litorales a través de la creación de empleo y garantizando a los consumidores productos de la máxima calidad y procesos sostenibles.
Misión: La potenciación de la actividad acuícola en España se apoyará en la mejora de la planificación y ordenación del sector a partir de la aprobación de un marco legal y administrativo específico que potencie sus capacidades y fortalezas y permita dar respuesta a las debilidades que presenta, en una apuesta por parte de las empresas por la I+D+I. Deben favorecer la mejora de su competitividad y la internacionalización de productos y procesos y, en último término, el mantenimiento y refuerzo de los estándares de calidad, sanidad, bienestar animal y protección del entorno que en la actualidad viene aplicando el sector.